Cruces por licitación para servicio de recolección de basuras

La modalidad de llamar a licitación para contratar camiones y un predio para la recolección de residuos adoptado por la Municipalidad de Corrientes trajo controversias en el legislativo comunal, ya que para la oposición se “trata de una concesión y, por tanto, debe ser tratado por el Concejo Deliberante y necesita de los dos tercios para su aprobación”. “Claramente es una licitación porque el servicio sigue en potestad del municipio, que lo único que hace es contratar camiones para el mismo”, contestó el edil del oficialismo José Luís Gálvez.

“El servicio de recolección de residuos lo hará el municipio, que cumplirá con sus obligaciones según lo dispone la Constitución Provincial, por eso se trata de un llamado a licitación para contratar camiones y un predio para destinar la basura recolectada”, afirmó José Luís Gálvez, quien agregó que “la licitación fue pública y difundida por medios de comunicación locales y nacionales”.

Gálvez también sostuvo que “esta gestión no viola la Carta Orgánica como lo hizo la anterior que prorrogó sin razón alguna el convenio con la empresa Venturino, quien actualmente recibe 1.800.000 pesos de parte de la comuna por la concesión del servicio”.

El bloque de Encuentro de Corrientes cuestionó la modalidad adoptada por la Municipalidad de Corrientes, ya que consideran que “se encubre una concesión y no una contratación como se dice”. Por tanto “es necesario que el HCD la apruebe con la mayoría especial de los dos tercios”, según palabras de Norberto Ast, Gabriel Romero, Juan José López Desimoni y Caludio Polich, quienes argumentaron su posición en el monto a pagar por el municipio por los camiones, la durabilidad del convenio y otros puntos que figuran en el contrato.

Agustín Payes respondió que “ni el monto ni el tiempo son características que transformen a una contratación en una concesión”, además de puntualizar que la comuna “prevé pagar 1.800.00 pesos mensuales por los camiones a contratar, similar monto que se paga actualmente, con la diferencia que será el municipio el que diagrame el servicio para que llegue a toda la ciudad”.

Proyectos aprobados

Se dio sanción favorable al proyecto de ordenanza presentado por el edil Agustín Payes que establece aumento de penas para infracciones sobre basura, ruidos molestos, venta de alcohol para menores y conducir en estado de ebriedad. Para ellos se modificaron artículos de las ordenanzas Nº 2081, 4300 y 5124.

Según Payes, “si bien se encuentran previstas las multas para estas infracciones el monto de las mismas ha quedado desactualizado, teniendo en cuenta la gravedad que constituye una violación a la materia referida al medio ambiente”.

Entre las medidas más importantes se dispone que la provocación, producción, causación o estimulación de ruidos molestos, superfluos o extraordinarios, de cualquier origen, con excepción de los causados por automotores, con multa de 300 a 1.500 litros de nafta súper, clausura o inhabilitación por tiempo indeterminado.

También se establece que en todos los casos con excepción de los Secuestros, Clausuras, Decomisos y Paralización de Obras, Ruidos Molestos, Basuras, Bebidas alcohólicas, o conducir en estado de ebriedad, el infractor podrá optar por la realizar el pago voluntario del mínimo establecido para la infracción que se trate de acuerdo hasta el 7mo. día hábil con un 50 % de descuento.

Las transgresiones a las disposiciones establecidas en las ordenanzas modificada traerá aparejada sin perjuicio de otras sanciones más graves, la clausura del local donde se produjo el incumplimiento de conformidad a las siguientes escalas. a) de 100 (cien) a 300 (trescientos) litros de nafta súper más 20 (veinte) días de clausura. b) de 300 (trescientos) a 600 (seiscientos) litros de nafta súper más 30 (treinta) días en la primera reincidencia. c) 600 (seiscientos) a 1.200 (mil doscientos) litros de nafta súper mas clausura definitiva del local  y la revocación de la habilitación comercial y cuando la falta sea grave o reiteradas se podrá también revocar la Licencia para venta de bebidas alcohólicas

Por otra parte, también se aprobó el proyecto promovido por Marta Gómez que solicita la adhesión al decreto nacional Nº 936 que prohíbe los avisos con ofertas sexuales. “La oferta sexual del rubro 59 es un delito y una profunda discriminación a la condición de la mujer como tal”, argumenta la concejala.

Dicho decreto nacional sancionado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, complementa el marco legal creado por la Ley Nacional 26.364 aprobada en abril de 2008, que busca la prevención y sanción de la trata de personas.

Fuente: Prensa HCD